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Familias enteras, jóvenes, instituciones y organizaciones se reunieron y movilizaron desde la Avenida Tucumán y Avenida Libertador, hasta desembocar en el monumento del General San Martín, donde se realizó el acto central.
Durante el encuentro, el secretario de Desarrollo Social, Facundo Nores, anticipó que el Hogar de Protección para Víctimas de Violencia de Género llevará el nombre de Mara Matheu. El padre de la adolescente violada y brutalmente asesinada en las playas de Santa Teresita en marzo del 2008, agradeció a las autoridades por tener presente a su hija. “Es un honor y un orgullo que hayan decido poner al refugio de Aguas Verdes el nombre Mara Matheu”, expresó con notable emoción Leonidas Matheu.
“Si bien trabajamos fuertemente con los botones de pánico, con el Hogar de Mujeres, los grupos de fortalecimiento, las guardias de 24 horas, el equipo que trabaja en todo el territorio y el trabajo mancomunado con la Comisaría de la Mujer, todas esas acciones, son necesarias porque algo fracasó previamente y nosotros tuvimos que intervenir frente a una víctima”, reflexionó Nores y enfatizó: “Nosotros no queremos víctimas». De esta manera, el funcionario hizo hincapié en el trabajo fuerte que se lleva adelante en materia de prevención y la importancia que reviste para tratar el flagelo.
En esta línea, alertó que no hay que abordar la problemática únicamente desde los femicidios, sino que hay que trabajar también sobre las manifestaciones y patrones culturales machistas que “se replican en el día a día y que tienen que ver con el lugar que se asigna al hombre y a la mujer”.
Por su parte, la directora de Género, Malena Farias, fue contundente y arrojó escalofriantes cifras que revelan la grave situación. “Del 3 de junio de 2015 a hoy murieron 275 mujeres. Debemos ser la voz de las mujeres que hoy no están de aquellas acalladas por el miedo o por la muerte”, manifestó con firmeza.
Y así continuó detallando estadísticas que indican que de las 275 mujeres asesinadas, 141 murieron en su propio hogar; 136 tenían menos de 30 años y en total dejaron a 317 chicos sin madre. Cerró los datos numéricos precisando que de cada 100 denuncias, tres llegan a la sentencia y sólo un hombre es condenado.
“Falta una sanción adecuada, falta prevenir los factores de riesgo. No debe ser un vía crucis buscar los derechos para una vida feliz. Tenemos derecho a la felicidad”, exclamó y de este modo concluyó su discurso la funcionaria municipal.
El acto contó también con espectáculos artísticos: el Ballet de La Costa hizo una presentación de danza, el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº89 realizó una intervención artística y la cantante Natalia Simoncini puso música y voz al final de la jornada.
Los puntos del reclamo
Por segundo año consecutivo, la movilización de Ni una Menos se hizo eco en cada rincón del país. En el acto que se llevó a cabo en La Costa se recordaron cuáles son los pedidos que nuclea la demanda con el objetivo de dar freno a la violencia de género.
Vecinos de todas las edades se unieron y marcharon pidiendo:
1) Implementar con todos los recursos necesarios y monitorear el plan de acción nacional para la prevención, la asistencia y la erradicación de la violencia contra las mujeres, tal como lo establece la ley 26.485.
2) Garantizar que las víctimas puedan acceder a la justicia. En cada fiscalía y en cada comisaría debe haber personal idóneo y capacitado para recibir las denuncias. Unificar las causas del fuero civil y penal. Las víctimas deben tener acceso a patrocinio jurídico gratuito durante todo el proceso.
3) Elaborar un registro oficial único de víctimas de violencia contra las mujeres. Realizar estadísticas oficiales y actualizadas sobre femicidios. Solo dimensionar lo que sucede permitirá el diseño de políticas públicas efectivas.
4) Garantizar y profundizar la educación sexual integral en todos los niveles educativos para formar igualdad y una vida libre de discriminación y violencia machista. Sensibilizar a docentes y directivos.
5) Garantizar la protección de las víctimas de violencia. Implementar el monitoreo electrónico de victimarios para asegurar que no violen las restricciones de acercamiento que les impone la justicia.
